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El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió hoy a la votación de la Ley Bases en Diputados y le envió una señal del radicalismo antes del inicio del debate en el recinto al garantizar la continuidad del Banco Nacional de Datos Genéticos.

“Frente a un pedido del presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, el Gobierno tomó el compromiso de no avanzar ni una modificación ni cierre del Banco Nacional de Datos Genéticos. Tomamos el compromiso de aclararlo públicamente. Seguirá funcionando tal como lo viene haciendo hasta ahora”, advirtió el funcionario en el marco de su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

El pasado viernes, y a través de un comunicado, la UCR alertó sobre el futuro funcionamiento del organismo creado en 1987, clave para ayudar a encontrar a niños y niñas que nacieron en cautiverio y fueron robados durante la última dictadura.

“El Comité Nacional de la Unión Cívica radical insta a que los diputados y diputadas garanticen la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Hacemos este pedido, dado que entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo se encuentra el BNDG. Así surge del dictarme de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita su futura situación, poniendo en riesgo su existencia”, plantearon sus autoridades.

En el artículo 3 del dictamen de mayoría de la Ley Bases se establece un listado de organismos que el Poder Ejecutivo no puede disolver y/o modificar, como ya lo hizo con el INADI, Telam o TV Pública.

El texto de la norma establece que los siguientes organismos no podrán ser cerrados por el Gobierno:

• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
• Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS)
• Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
• Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
• Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
• Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
• Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
• Energía Atómica (CNEA)
• Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
• Comisión Nacional de Valores (CNV)
• Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
• Unidad de Información Financiera (UIF)
• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

La Cámara de Diputados iniciará este lunes una sesión que se prevé extensa y que se prolongaría hasta el martes, para debatir dos proyectos de ley que el Poder Ejecutivo considera decisivos para el programa de gobierno: la ley de Bases y el paquete fiscal. Ambas tuvieron dictamen de comisión la semana pasada y cuentan, a priori, con respaldo parlamentario suficiente para conseguir la media sanción.

Será la segunda vez que el oficialismo intentará aprobar en la cámara baja la ley ómnibus, tras el ensayo fracasado durante el verano, en sesiones extraordinarias, que terminaron con una aprobación en general pero en un naufragio al momento de los votos necesarios durante la discusión en particular. Tras varias semanas de renegociación, llegó al Congreso una segunda versión, más acotada, del mismo proyecto.

Ese mismo texto de ley experimentó, además, cambios con relación al primer borrador que hizo circular la Casa Rosada entre los gobernadores para conseguir su visto bueno y, por derrame, un posterior “poroteo” de votos favorable en el recinto. Además, adjuntó un paquete fiscal, con iniciativas variopintas en términos impositivos, que dotarán al fisco nacional y las provincias de mayores recursos. Fue esa, posiblemente, la llave para destrabar el tratamiento de la ley de Bases.

La ley ómnibus introduce modificaciones a la legislación de una serie de aspectos, entre ellos cambios al régimen laboral -que aun así serán menores a los que preveía el proyecto en una primera instancia-, un listado acotado de empresas públicas sujetas a privatización, una nueva figura para el sistema previsional. Y, en el paquete fiscal, una buena cantidad de novedades en impuestos, junto con una amplia moratoria y un nuevo blanqueo de capitales.